Izquierda, políticas publicas y cooperativismo

*con Andres Dean

Nadie puede negar la importancia del cooperativismo en la agenda de las
izquierdas. Históricamente, socialistas, cristianos, anarquistas, comunistas,
han jerarquizado con distintos énfasis el papel de las cooperativas en los procesos de cambio económico y social. En este sentido, el pasado 27 de octubre, académicos, políticos, representantes de organizaciones sociales y público en general debatieron en torno a Cooperativismo, economía social y alternativas a la mercantilización. La actividad, que contó con la
participación de referentes en la temática de Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina y Venezuela, se enmarcó en un seminario internacional más amplio cuyo objetivo fue examinar y trazar perspectivas en relación con “las políticas económicas de la izquierda en el gobierno”. Dicha actividad fue organizada por el Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR), la Fundación Rosa Luxemburgo, y el Transnational Institute (TNI), y pretendió evaluar el desempeño y los desafíos de los gobiernos de izquierda en distintos países de la región. El presente artículo se propone darle
continuidad a la reflexión promovida por el seminario para el caso uruguayo. En momentos donde comienza a discutirse un Plan de Desarrollo Cooperativo, en el marco de la saludable dinamización de la Comisión
Honoraria del Cooperativismo en el seno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), se vuelve relevante examinar las primeras
acciones del gobierno y analizar las perspectivas futuras en esta área.

LA REFORMA QUE NADIE ESPERABA

Las definiciones programáticas con las que el Frente Amplio accedió al gobierno son herederas de aquellas corrientes político-ideológicas que ubicaron la importancia de la herramienta cooperativa. Sin embargo,
el “programa” parece estar aportando orientaciones poco precisas. La izquierda fue exitosa en la competencia electoral, aunque en muchos casos al costo de una construcción programática deficitaria, con vacíos de diseño en áreas relevantes de política pública.

El gobierno ya cumplió más de un año y medio y las políticas públicas vinculadas al cooperativismo aún no se vislumbran con claridad. Existen iniciativas aisladas y programas puntuales, pero nadie puede decir que exista una política globalmente concebida, con objetivos, instrumentos y
una institucionalidad definida. Pero la reforma tributaria fue la sorpresa
que nadie esperaba. La relación entre el gobierno y el movimiento cooperativo estuvo signada por las discusiones en torno al proyecto original presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En dicho proyecto se planteaba la eliminación de las exoneraciones tributarias a las cooperativas, en particular las de aportes patronales y de otros tributos. Para el caso de algunas modalidades cooperativas esto implicaba desconocer su naturaleza organizacional específica de “asociación de trabajadores”, de empresas “sin patrón”. La movilización y la negociación política entre sectores a la interna del gobierno lograron
frenar la propuesta. Sin embargo, la iniciativa del MEF, probablemente sin proponérselo, tuvo un mérito: recolocó en el debate la cuestión de
las denominadas “cooperativas truchas”. Los beneficios derivados del sistema de exoneraciones y de las políticas activas de fomento cooperativo no deben ser capturados por empresas cuyo funcionamiento responde a
los parámetros convencionales (predominio de relaciones de trabajo asalariadas, democracia interna inexistente, etcétera).

Asimismo, las políticas deben generar los incentivos adecuados para que las cooperativas cumplan metas razonables de desempeño económico y preserven su especificidad organizacional. Este constituye un problema
de diseño central de las políticas en esta área, que debe importarle al gobierno, y antes que a nadie, al propio movimiento cooperativo.

COOPERACIÓN Y EMERGENCIA: MATRIMONIO COMPLICADO

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) viene desplegado un conjunto de acciones vinculadas al cooperativismo. Este año comenzaron a ejecutarse dos programas de apoyo a emprendimientos productivos (Programas de
Opción Productiva e Iniciativas Locales), que privilegian a aquellos de perfil asociativo. Estos programas, que hasta el momento han enfrentado importantes dificultades operativas, buscarían facilitar recursos para capacitación, apoyo técnico y financiamiento de inversiones para proyectos productivos en gestación o ya en funcionamiento.

Por otro lado, fue creada dentro del MIDES la Unidad de Cooperativas Sociales. Las cooperativas sociales se han definido como un tipo específico de cooperativa de trabajo para grupos poblacionales en situación de “vulnerabilidad social”. Las autoridades estiman que esta pueda ser la
forma jurídica que asuman, por ejemplo, los emprendimientos surgidos a partir de iniciativas de beneficiarios del PANES. Estas cooperativas gozarían de todas las exoneraciones vigentes, incluyendo además el aporte
complementario al seguro de enfermedad.

También se pretende que accedan privilegiadamente al mercado de compras públicas, aunque todavía no existe claridad en cuanto
a la operativización de este aspecto. Parece prematuro estimar el éxito que
puedan tener estas políticas. Sin embargo, evaluaciones preliminares de algunos programas piloto que trabajan en esta dirección estarían indicando que la conformación de un emprendimiento productivo (en particular
de tipo asociativo) podría no ser el mejor instrumento para responder al objetivo de insertar social y económicamente a la población
cubierta por el PANES, al menos para un contingente mayoritario de ésta. Esto se ha señalado correctamente incluso desde el propio MIDES que reconoce en las cooperativas sociales un instrumento de combate a
la pobreza, aunque no principalmente para su componente más extremo.
La probabilidad de éxito de un emprendimiento productivo se determina en gran medida en la etapa de preparación del proyecto y depende de una serie de requerimientos económicos y sociales de base.

Se necesita disponer de capital financiero, maquinarias, eventualmente acceso a la tierra, perspectivas comerciales en el rubro específico (mercado), redes de contactos y vinculaciones (capital social), y capacidades personales en lo productivo, iniciativa, creatividad, entre otras. Adicionalmente, en el caso de un emprendimiento cooperativo se requiere desarrollar capacidades de autogestión colectiva, lo que supone cultivar
el relacionamiento interpersonal entre los integrantes del grupo (discutir, escuchar, tolerar, respetar, etcétera), generar aprendizajes en materia empresarial y facilitar la autoorganización.

Las políticas de fomento del cooperativismo en general deberían operar en todas estas dimensiones simultáneamente. El problema es que, en el caso de la población atendida por el PANES, la distancia entre el punto de partida y los requerimientos de base mencionados es enorme y el tiempo
que se tiene para lograr la acumulación necesaria es muy poco.
Mayoritariamente se trata de personas desvinculadas de prácticas de organización colectiva, con un “pobre” recorrido laboral, bajo nivel educativo y una red de contactos y vínculos sociales de escasa densidad.
Conformar una cooperativa significa en gran medida “esperar”; esto es, gestionar la ansiedad. Acumular los activos y las capacidades
necesarias e identificar las posibilidades comerciales conlleva un tiempo de construcción que no todas las personas pueden tolerar. Implica invertir esfuerzo y asumir costos hoy para recoger beneficios que son inciertos mañana. La lógica de la inmediatez, que muchas veces acompaña los procesos de exclusión económica y social, sabotea la capacidad de proyectar de las personas, de trazar metas de mediano plazo.

Este análisis no implica que la herramienta cooperativa sea “inútil” en este tipo de contextos. En rubros con bajos requerimientos
de inteligencia comercial y en grupos que acrediten habilidades y experiencia productiva vinculada, las cooperativas pueden funcionar y constituir una posibilidad emancipatoria para sus miembros. La oportuna disponibilidad de financiamiento y la calidad del apoyo técnico que reciban
los grupos son igualmente claves en estos procesos. Sin embargo, esto exige focalizar en mayor medida estos programas al interior del PANES y ofrecer otras alternativas para la mayoría de los beneficiarios.

BALANCE Y FUTURO

Transcurrido más de un año y medio de gobierno el balance arroja signos de preocupación. La reforma tributaria sorprendió a todos y su discusión
llevó tiempo y desgaste, y retrasó el debate y la implementación de políticas activas de apoyo a las cooperativas. En otro orden, se observa una excesiva concentración de las acciones del gobierno central en materia de cooperativismo en el MIDES. Este no es un fenómeno exclusivamente
local. La creación de institutos de economía social en el seno de los ministerios de desarrollo social es un fenómeno que caracteriza a países vecinos. Esta tendencia encierra algunos peligros. Por un lado, las cooperativas pueden no ser el instrumento más idóneo para resolver
situaciones de exclusión profundamente arraigadas. Por otro, el cooperativismo es una propuesta de organización alternativa
de los procesos de trabajo y producción en diversas áreas. Como tal, debe constituir un eje transversal de las políticas productivas y de empleo. Concebirlo exclusivamente como salida a situaciones sociales de emergencia y recluirlo a actividades económicas marginales implica renunciar a utilizarlo en la promoción de transformaciones cualitativas profundas de las relaciones de trabajo. Para esto, la estrategia económico-productiva debe contar con una definición precisa en relación con el papel de las unidades cooperativas y de economía social en el marco de una economía de mercado capitalista como la uruguaya. Estas definiciones no existen y deben reclamarse. En esta dirección también deberá
concentrarse nuestra reflexión futura.